El derecho y la medicina no son mundos separados; están entrelazados por una línea muy fina que se llama responsabilidad. Mientras los médicos velan por la salud de las personas, el derecho se encarga de poner orden, límites y reglas que aseguren que ese ejercicio se realice dentro del marco de la ley. En México, esa frontera está claramente definida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), cuya función es vigilar que los servicios médicos se promocionen con veracidad y respeto a las normas sanitarias.
Pocos médicos saben que, al anunciar sus servicios —ya sea en redes sociales, sitios web o medios tradicionales—, están entrando en un terreno regulado. La Ley General de Salud, en su artículo 301, exige que toda publicidad de servicios de salud esté sujeta a revisión y vigilancia de la Secretaría de Salud. Es decir, una publicación en Instagram o un video en TikTok que promocione un tratamiento estético no es “solo marketing”; jurídicamente, es publicidad médica y por tanto requiere Aviso de Publicidad ante COFEPRIS.
Este aviso no es un permiso, sino una declaración preventiva que informa a la autoridad sobre el contenido que se difundirá. Su propósito es evitar engaños, promesas falsas o mensajes que puedan poner en riesgo la salud del público. No hacerlo puede tener consecuencias graves: multas que pueden ser superiores al millón y medio de pesos, suspensión de publicidad o incluso clausura temporal o definitiva del consultorio o clínica.
En los últimos años, COFEPRIS ha endurecido su postura frente a la publicidad médica irregular. Clínicas estéticas, laboratorios y consultorios de “tratamientos hormonales” han sido sancionados por no cumplir con este requisito. Entre octubre y diciembre de 2024, en la vigilancia de todos los rubros a su cargo, tal instancia impuso un total de 232 sanciones a personas físicas y morales, de las cuales 173 fueron multas, 47 amonestaciones con apercibimiento, 23 casos de clausura (temporal o definitiva); con ello, se refleja una tendencia clara: la autoridad está revisando con lupa todo lo que se publica en materia médica.
A este escenario se suma un contexto que no debe pasarse por alto: 2026 promete ser un año especialmente recaudatorio para el gobierno federal. Ello implica que los sectores profesionales, incluidos los médicos, estarán bajo mayor escrutinio fiscal y regulatorio. Situarse en una hipótesis de incumplimiento, por mínima que parezca, puede derivar en sanciones económicas considerables o, peor aún, en un daño reputacional difícil de revertir.
Por eso, más que ver el cumplimiento normativo como un trámite engorroso, los médicos deben entenderlo como una inversión en seguridad jurídica y confianza profesional. La asesoría preventiva —ya sea legal, fiscal o sanitaria— se ha vuelto un escudo indispensable. En tiempos donde las inspecciones son cada vez más frecuentes y las sanciones más severas, anticiparse es la mejor medicina legal.
Lic. Jorge Díaz de León
JDLG & Partners
Inteligencia Jurídica
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